Se sabe que el historial del jefe comunal que saltó por varios partidos políticos es bastante largo y repleto de escándalos. Desde que asumió allá por el año 2007, su trayectoria al frente del municipio ha estado signada por una gran cantidad de acusaciones, que influyeron en la pérdida de apoyo de los vecinos, lo que hace sospechar que el próximo año abandonará el cargo.

El hombre tuvo orígenes en la UCR de Dolores, luego saltó a la Coalición Cívica y finalmente desembarcó en Cambiemos, fue protagonista de un sinfín de conflictos en el distrito. Uno de los más polémicos fue cuando en el año 2010 se descubrió que Luis María Camilo Etchevarren ataúdes en un descampado en el que funcionaba un basural clandestino.

Por aquel entonces, la acusación provenía de Unión PRO, el espacio que había creado el colorado golpeador de periodistas Francisco De Narváez y, a modo excusa, Etchevarren alegó que lo querían destituir y favorecer el narcotráfico. Este conflicto derivó en un robo al intendente de Dolores en su domicilio, lo que posteriormente muchos catalogaron como un autoatentado.

La intención que habría perseguido el jefe comunal habría sido un invento de un ataque para que reincorporaran a un comisario allegado a su gestión que se encargaba de taparle todos los negociados. Al mismo tiempo, se generó una guerra con el fiscal general interino Diego Leonardo Escoda que derivó en al menos cinco presentaciones judiciales por daños y perjuicios.

Sin embargo, lo que muy pocos saben, es las maniobras que realiza por fuera de su tarea política. Si bien, en el distrito, muchos vecinos están al tanto de sus manejos, la cuestión financiera en una incógnita para la mayoría de los ciudadanos. Es de público conocimiento que Etchevarren tuvo sus inicios profesionales como veterinario, pero detrás hay una historia oscura.

Resulta que, según los datos que presentó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), figura como empleador, declarando tener un solo empleado en su veterinaria particular, al que le paga poco más de 10 mil pesos, una cifra que está muy por debajo de lo que estipula salario mínimo vital y móvil, ubicándose en la línea de la pobreza.